17 de febrero de 2026
Una de las críticas más feroces que está recibiendo la gestión energética del Gobierno y de la CNMC en este mes de febrero de 2026 tiene que ver con el «apagón administrativo» que sufren los mapas de capacidad de acceso a la red. El sector eléctrico y promotor esperaba con ansiedad el pasado 2 de febrero como la fecha clave en la que se publicaría el nuevo «semáforo» de la red eléctrica: una herramienta técnica imprescindible para saber en qué puntos de España hay potencia disponible para conectar nuevos edificios, industrias o puntos de recarga rápida. Sin embargo, los mapas no han llegado, dejando al mercado inmobiliario y a la transición energética en un limbo de incertidumbre que amenaza con paralizar la economía real.
La situación es especialmente crítica en provincias como Guadalajara, Valencia o Castellón, donde se estima que entre el 80% y el 100% de los nudos de la red eléctrica están oficialmente colapsados o sin capacidad garantizada. Según denuncian las patronales del sector inmobiliario como Asprima, este tapón energético es el responsable directo de que unas 60.000 viviendas planeadas para este año no puedan construirse, no por falta de suelo o de demanda, sino porque las distribuidoras deniegan el suministro ante la incapacidad de la red para absorber más carga. Es la gran paradoja del sistema español en 2026: producimos energía renovable de sobra, pero la falta de inversión y agilidad en el despliegue de «cables» impide que esa luz llegue a los nuevos barrios y hogares.
La crítica se dirige directamente hacia la falta de previsión en la planificación de las redes, que sigue moviéndose a una velocidad burocrática muy inferior a la del crecimiento de la demanda. Mientras el Gobierno incentiva la compra de coches eléctricos y la aerotermia, la infraestructura física que debe alimentar estos sistemas se encuentra al límite. Los expertos señalan que solo el 12% de las solicitudes de conexión para nuevos desarrollos están siendo aprobadas este mes, lo que supone un «cuello de botella» que no solo encarece el precio de la vivienda por la falta de oferta, sino que genera una inseguridad jurídica que ahuyenta las inversiones internacionales en infraestructuras.
Para el ciudadano que espera la entrega de su vivienda nueva o que desea instalar un punto de carga rápida en su garaje comunitario, este retraso en los mapas de capacidad significa, en la práctica, meses o años de espera adicional. La gestión de Red Eléctrica de España (REE) y de las grandes distribuidoras está bajo la lupa, ya que el sector privado acusa a la administración de no haber actuado con la agilidad suficiente para actualizar los procedimientos técnicos que permitirían a las renovables aportar estabilidad al sistema. En definitiva, este febrero de 2026 pone de manifiesto que la transición verde no solo depende de poner paneles solares, sino de una gestión eficiente de la red que, por ahora, parece haber tocado techo.