28 de enero de 2026
En los últimos días, el Gobierno del País Vasco ha lanzado una propuesta ambiciosa y con potencial impacto en el conjunto del tejido productivo del norte de España: revisar las reglas que encarecen la electricidad para las grandes empresas industriales. Esta iniciativa no es un simple ajuste técnico, sino un intento de abordar lo que las autoridades vascas consideran varias “distorsiones” del sistema eléctrico que, según ellos, penalizan a las fábricas y plantas con altos consumos.
El responsable del área de Industria, Transición Energética y Competitividad del Gobierno vasco aseguró que la factura eléctrica que afrontan los grandes consumidores en Euskadi es mucho más alta que en regiones industriales competidoras de Francia o Alemania, lo que está erosionando la capacidad competitiva de las empresas locales. A pesar de que la Península Ibérica cuenta con recursos renovables abundantes que generan energía barata, esos beneficios no se están trasladando de forma proporcional al coste final que pagan estas industrias.
La propuesta de Euskadi incluye varias medidas concretas para “aliviar” ese peso económico:
- Eliminar la tasa del 7% sobre la generación eléctrica, que en la práctica grava a todas las unidades productoras.
- Exenciones en los peajes de transporte eléctrico para consumidores electrointensivos, un coste que hoy representa una porción importante de la factura.
- Extender y revisar las ayudas vinculadas al coste indirecto del CO₂, un factor que incrementa el precio de la electricidad en Europa.
Estas ideas no son completamente nuevas: ya existen mecanismos similares en otros países de la Unión Europea que ayudan a industrias intensivas en energía a competir en mercados internacionales. Sin embargo, lo relevante de la propuesta vasca es que apunta a una revisión a nivel estatal y no solo regional, pidiendo colaboración del Gobierno central para implementar cambios que, según estiman, podrían reducir hasta casi la mitad la factura eléctrica de grandes consumidores industriales si se aplican de manera coherente.
La iniciativa no solo tiene implicaciones económicas, sino también estratégicas: puede afectar a la atracción de inversiones a Euskadi y a España, y se enmarca en un debate más amplio sobre cómo equilibrar la transición energética con la competitividad industrial.