10 de febrero de 2026.
Estamos viviendo una de las situaciones más desconcertantes en la historia reciente del sector eléctrico español. Mientras el Gobierno saca pecho por la caída en el precio del megavatio hora gracias al empuje masivo de la eólica y la solar, el consumidor medio que abre su factura este mes de febrero de 2026 se encuentra con una realidad muy distinta: el importe final apenas baja, o incluso sube. Esta «paradoja eléctrica» tiene un responsable claro en el punto de mira de las asociaciones de consumidores: el fuerte incremento de los cargos y peajes regulados que el Ejecutivo y la CNMC han consolidado para este ejercicio.
El malestar social está creciendo debido a que, según los datos de este inicio de año, los costes fijos —aquellos que pagas solo por estar conectado a la red, independientemente de si enciendes una bombilla o no— han sufrido un repunte que neutraliza el ahorro por la energía barata. En concreto, el Ministerio ha aplicado una subida del 10,5% en los cargos del sistema, una decisión que se justifica oficialmente para financiar la deuda histórica del sector y las primas a las renovables antiguas, pero que en la práctica supone un «impuesto silencioso» que castiga especialmente a las rentas bajas y a quienes han hecho el esfuerzo de ser más eficientes.
La crítica más feroz que circula estos días en los foros especializados y en los despachos de las organizaciones de consumidores es que el sistema está «desconectado» de la realidad del ahorro doméstico. ¿De qué sirve que un ciudadano reduzca su consumo un 20% si la parte fija de su factura no deja de crecer? Expertos económicos señalan que esta estructura tarifaria desincentiva el ahorro energético real. Al inflar los costes de potencia (el término fijo) y los cargos fijos, el Gobierno se asegura una recaudación estable para el sistema eléctrico, pero traslada todo el riesgo y el peso del mantenimiento de la red al ciudadano, que ve cómo sus esfuerzos por consumir menos se ven diluidos por decisiones burocráticas tomadas en los despachos.
A esto se le suma la polémica por la financiación del Bono Social. Este mes de febrero se ha confirmado que el coste que cada consumidor debe pagar para sufragar estas ayudas a los colectivos vulnerables ha subido casi un 50% respecto al año anterior, situándose cerca de los 7 euros anuales por cliente. Aunque la causa es noble, la crítica radica en que este coste no se sufraga vía Presupuestos Generales del Estado, sino directamente desde el bolsillo de otros consumidores, muchos de los cuales están también en una situación económica precaria pero no llegan a los umbrales para ser beneficiarios de la ayuda.
Desde el punto de vista de la gestión política, se critica la falta de coordinación entre la CNMC y el Ministerio. Mientras el regulador (CNMC) propuso una subida moderada de los peajes de transporte, el Ministerio decidió apretar las tuercas en el apartado de cargos. El resultado es un «cóctel» normativo que ha hecho que el 70% de los españoles, los que están en el mercado libre con precios pactados, no vean ni un céntimo de la bajada de la energía este invierno, pero sí sufran la subida inmediata de los costes regulados que las eléctricas trasladan automáticamente al cliente.
Es necesario mencionar que esta política de «costes fijos altos» es vista por algunos sectores como una barrera de entrada al autoconsumo. Si la parte variable de la factura (la energía que realmente consumes) cada vez pesa menos en comparación con la fija, el incentivo económico para poner placas solares disminuye, ya que el ahorro potencial es menor. Es una contradicción flagrante: un gobierno que promueve la transición verde pero que, al mismo tiempo, encarece la estructura fija del recibo, dificultando que el ciudadano recupere su inversión en renovables.
En definitiva, este febrero de 2026 se perfila como el mes de la indignación para muchos usuarios que se sienten «atrapados». Las eléctricas culpan al Gobierno por los cargos regulados, y el Gobierno culpa a la coyuntura y a la herencia recibida, mientras el contador sigue corriendo. La recomendación para los lectores es clara: este no es el año para ser un consumidor pasivo. Revisar la potencia contratada a la baja se ha convertido en la única defensa real ante un sistema que parece diseñado para que, pase lo que pase con el precio de la luz en el mercado, la factura siempre encuentre una excusa para no bajar.
Fuentes: Análisis de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), resoluciones de la CNMC de diciembre-enero para el ejercicio 2026 y datos de facturación comparada de Selectra y Contigo Energía.