28 de enero de 2026
Un serio episodio meteorológico acompañado de fuertes ráfagas de viento y abundantes precipitaciones no solo ha afectado carreteras y transportes en la península, sino que también obligó a tomar decisiones impensables para muchos ciudadanos: Red Eléctrica de España (REE) interrumpió temporalmente el suministro eléctrico a determinadas empresas. Esta medida entró en vigor el mismo 28 de enero de 2026 entre las 8:00 y las 10:00 de la mañana debido a la combinación de varias circunstancias adversas que presionaron la estabilidad de la red eléctrica española.
Lo que ocurrió no fue un simple corte por fallos o averías, sino la activación de un mecanismo planificado y regulado denominado Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD). Se trata de un sistema voluntario al que pueden adherirse empresas que aceptan, a cambio de compensación económica, la posibilidad de que el operador desconecte o modere su consumo en momentos de estrés del sistema.
¿Por qué se llegó a esta situación? El temporal no solo dificultó la importación de electricidad desde Portugal, tradicionalmente un apoyo clave cuando el consumo sube o cuando la producción local cae, sino que también provocó una caída notable en la generación eólica, que en estas fechas suele aportar una proporción importante de la energía renovable. Estos factores combinados redujeron la disponibilidad de energía justo cuando la demanda era alta, y para evitar desequilibrios serios o incluso un apagón más amplio, REE optó por activar este mecanismo que reduce carga de manera controlada.
El uso del SRAD no es gratis: las empresas que aceptan este papel reciben compensaciones económicas, y este coste —junto con otros mecanismos similares— se acaba repercutiendo en todos los consumidores mediante los peajes eléctricos que forman parte de la factura final. Para algunos analistas, estos pagos son necesarios para mantener la seguridad del sistema, pero también plantean preguntas sobre cómo se reparte el coste de mantener una red estable entre consumidores y empresas.
Además, en esta subasta reciente para cubrir el primer semestre de 2026 se adjudicaron más de 1.700 MW de potencia interrumpible, lo que muestra que este tipo de mecanismos ya se están volviendo una herramienta común en la operación del sistema eléctrico español.
Este suceso pone de manifiesto los desafíos crecientes a los que se enfrenta el sistema eléctrico: la integración de renovables variables (como eólica y solar), la dependencia de importaciones, y la necesidad de herramientas flexibles para mantener el equilibrio entre oferta y demanda, especialmente en días meteorológicamente adversos.