30 de junio de 2026
En un movimiento muy esperado y aplaudido tanto por el tejido empresarial como por los defensores del consumidor, el Ejecutivo ha aprobado de forma definitiva la eliminación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE). Este gravamen, conocido popularmente como el «impuesto del 7%», fue introducido originalmente en 2012 con un carácter supuestamente temporal para paliar el déficit de tarifa del sistema, pero terminó consolidándose como un coste estructural del que las empresas de generación llevaban años quejándose y que, en última instancia, terminaba repercutiendo de manera directa en el bolsillo del cliente final.
La noticia es de gran calado porque rompe con una dinámica impositiva que restaba competitividad al sector renovable español. La orden de cargos de este año estimaba que las arcas públicas iban a ingresar casi 2.000 millones de euros procedentes de este tributo; sin embargo, la decisión gubernamental ha priorizado eliminar esta barrera para facilitar que los precios mayoristas sigan conteniéndose a largo plazo. La eliminación definitiva no será abrupta, sino que se ha planteado mediante un calendario de reducción progresiva que se extenderá hasta 2028, ofreciendo una estabilidad regulatoria que el mercado reclamaba con urgencia para incentivar nuevas inversiones en eólica y fotovoltaica.
Para los usuarios que revisan su factura de la luz, el fin del IVPEE se traducirá en una contención del precio base de la energía en el mercado mayorista (el «pool»), ya que los productores no tendrán que inflar sus ofertas en el mercado diario con ese 7% extra para cubrir el coste del impuesto. Esta rebaja estructural actúa como un bálsamo necesario y contrarresta en parte el encarecimiento de otros componentes fijos de la factura. Además, al eliminar un impuesto que afectaba por igual a todas las fuentes de generación, se premia indirectamente a las tecnologías limpias, cuyos costes operativos ya son inferiores y que ahora dispondrán de mayor margen para trasladar precios competitivos a los contratos del mercado libre y regulado.